(Reporte al Día).- Representantes del gobierno provincial, el Estado Nacional, el Consejo de Participación Indígena y representantes de pueblos originarios santiagueños, anunciaron el inicio de los trabajos para la aplicación de la Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país.

La firma del convenio entre la provincia y el gobierno nacional se realizo hace aproximadamente veinte días, por lo cual solo restaba que sean depositados el presupuesto operativo de 3 a 4 millones de pesos que permitirán el inicio inmediato en cuanto a su tarea a partir del próximo 15 de diciembre.

El anuncio fue realizado en la Casa de Gobierno de la provincia de Santiago del estero que conto con la participación del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Daniel Fernández y el Coordinador Nacional del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Lic. Emiliano Reynoso, Ricardo Cuellar representante de las comunidades del pueblo Lules-Vilelas y CPI (Consejo de Participación Indígena); Lucio Ferreira del pueblo Vilelas; la Tinkina del Pueblo Tonocotes y representante del CPI, María Luisa Pereyra y el ministro de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Luis Martínez.

El Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Daniel Fernández, dijo que observó “con beneplácito las medidas que se adoptaron desde el Gobierno Provincial “en cuanto a la problemática de la tierra, con la suspensión del desmonte por un tiempo determinado” y considero que “la Justicia de Santiago del Estero ha adoptado importantes medidas” en cuanto al caso de la muerte del ciudadano santiagueño, Cristian Ferreyra, desencadenado tras una disputa de tierras. (1)
“Nos solidarizamos por este hecho, entendemos que la Justicia de Santiago del Estero, rápidamente ha adoptado medida con detenciones y abogamos para que este hecho sea esclarecido y que se lleve castigo a quienes son responsables”, especifico. No obstante, remarco que “además de solidarizarnos, también debemos construir y nuestro propósito es ese, tenemos que avanzar en soluciones, vemos con beneplácito que se adoptaron resoluciones urgentes del Gobierno provincial como es la suspensión de toda actividad de desmonte por 180 días y la creación de este Comité de Emergencia con ámbito participativo”.

Daniel Fernandez adelantó que “se prevé un trabajo de 18 meses, un monto aproximado de entre 3 y 4 millones de pesos para los trabajos operativos y en este ocasión no solo se trata de elevar la ocupación indígena, sino también aspectos de salud, sociales y productivos. En un momento donde se discute el tema de la tierra, la presidenta de la nación impulso un proyecto de ley de tierra en el Congreso de la Nación”.

Medidas del Gobierno Provincial
El gobierno provincial por otra parte adopto una serie de medidas con el objetivo de resolver los conflictos ocasionados por la disputa por la tenencia de la tierra y en los cuales los pueblos originarios son los más afectados y que ha costado la vida de varios integrantes de pueblos en los últimos años.

Los anuncios fueron realizados por El jefe de Gabinete, Elías Suárez, junto con los ministros de Gobierno Emilio Neder, de Justicia Ricardo Daives y de la Producción Luis Gelid, y el jefe de Policía Marcelo Pato quienes afirmaron que las medidas adoptadas tienen como finalidad abordar la problemática indígena-campesina, a raíz de los hechos de violencia que culminaran con la muerte de Cristian Ferreyra en el Paraje Campo de Mayo, departamento Copo.

Las disposiciones del poder ejecutivo provincial fueron:
1)- Suspender en todo el territorio provincial, por el término de 180 días, las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte, así como los permisos ya otorgados y los que se encuentren en trámite de aprobación y cualquier otra práctica que conlleve a la desforestación de bosques nativos. La medida entró en vigencia ayer y vencerá el 21 de mayo de 2012. El organismo de aplicación será la Dirección de Bosques, el Comité de Emergencia o cualquier repartición de la Administración Provincial.
2)- Dispuso la constitución de una comisión integrada por la Policía, el Comité de Emergencia, la Dirección de Bosques, Escribanía de Gobierno, entre otros organismos públicos, con la participación de las organizaciones campesinas e indígenas. Dicha comisión se encargará de constatar la existencia de armamento en manos de civiles, la presencia de personal como custodios armados en los predios, y de confeccionar un informe detallado de la actividad en el lugar, que ponga en riesgo la vida de las personas o comunidades.
3)-La concreción de una audiencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para las organizaciones campesinas, para que éstas expresen su visión con relación a la problemática del sector. Según trascendidos, el Mocase Vía Campesina habría aceptado reunirse la próxima semana.

Funcionarios provinciales afirmaron que las medidas fueron por expreso pedido del gobernador Zamora ya que deben adoptarse a las medidas del gobierno nacional.

Fuente: Equipo de comunicadores de Pueblos Originarios

 

One Response

  1. nora calabrese

    ha llegado el tiempo en que se tomen definitivamente las medidas de conservacion
    de la vida, sea esta, humana , animal , vegetal , mineral. todos estamos involucrados y no podemos hacernos mas los tontos y mirar
    para otro lado.

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